Provincia impedida de inspeccionar Puerto Ushuaia
El Ministerio de Producción y Ambiente denunció el tercer intento frustrado para ingresar al puerto por la negativa de la autoridad nacional. La Provincia persigue certificar ambientalmente las operaciones portuarias, controlar residuos peligrosos de buques y fiscalizar recursos hídricos en el área regulada.
Equipos técnicos de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia intentaron en tres ocasiones ingresar al Puerto de Ushuaia con el fin de realizar inspecciones ambientales previstas por las normas provinciales, pero en cada oportunidad se encontraron con la negativa de la autoridad nacional que actúa en el área portuaria. Estas acciones de control se inscriben en un marco operativo habitual de la Secretaría, orientado a verificar el cumplimiento de requisitos ambientales por parte de operadores y buques que operan en el puerto.
El bloqueo al acceso impidió el relevamiento in situ de documentación, recorridas de verificación física y la toma de muestras necesarias para la fiscalización técnica. La secretaria Legal del Ministerio explicó que la intervención provincial tiene objetivos concretos y delimitados: tramitar la certificación ambiental del Puerto de Ushuaia, controlar la gestión y trazabilidad de los residuos peligrosos generados por embarcaciones y fiscalizar el estado y la calidad de los recursos hídricos dentro del dominio portuario.
Esos objetivos obedecen a facultades específicas delegadas a la Provincia en materia ambiental y a la necesidad de asegurar que las operaciones portuarias se desarrollen sin comprometer la integridad ambiental ni la salud pública. La solicitud de ingreso respondía tanto a controles preventivos como a auditorías programadas sobre operadores habilitados. Uno de los puntos centrales señalados por la funcionaria es la exigencia de garantizar la trazabilidad de los residuos peligrosos desembarcados por los buques, tarea que requiere controlar el proceso desde el acto del desembarco hasta el tratamiento final.
Para ello, el personal provincial debía constatar la operatoria de recepción, transporte intermedio, almacenamiento temporal y derivación a empresas autorizadas, además de revisar la documentación de traslado y disposición final. La negativa de acceso impidió cotejar esos registros administrativos con la operatoria real, lo que dificulta corroborar el cumplimiento de las exigencias legales y los circuitos de gestión establecidos.
Cristófano asimismo subrayó que los residuos peligrosos demandan tratamientos específicos y la intervención de operadores habilitados por la normativa provincial y nacional; por ello, el control presencial es indispensable para verificar que los residuos efectivamente son derivados a los destinos autorizados y que no se produce ningún desvío ni disposición inadecuada. La fiscalización prevista incluye la verificación de permisos, certificados de tratamiento, documentación de transporte y sistemas de gestión de los operadores.
Sin la posibilidad de acceder al puerto, la Secretaría no puede asegurar que el circuito de gestión de esos residuos se complete conforme a la normativa vigente. A los controles sobre residuos se suma la fiscalización de recursos hídricos en el área portuaria, orientada a comprobar que las actividades administrativas, operativas y de mantenimiento no generan impactos adversos sobre la calidad y cantidad de agua. Las inspecciones tenían por objetivo la toma de muestras, la observación de descargas potenciales y la comprobación de sistemas de contención y mitigación de derrames.
La secretaria enfatizó que dichas inspecciones forman parte de las tareas habituales de la Secretaría de Ambiente; por lo tanto, no constituyen una intervención extraordinaria sino el ejercicio ordinario de la función pública ambiental provincial. Frente al impedimento reiterado, la funcionaria cuestionó la interpretación de la Autoridad Nacional de Aplicación y conservación del área que niega la competencia provincial para realizar esos controles y solicitó formalmente los fundamentos por los cuales se considera que existe esa atribución para impedir el acceso.
La Provincia compila ahora los antecedentes administrativos y técnicos y analiza las alternativas administrativas y judiciales para garantizar el ejercicio de sus funciones, procurando no afectar innecesariamente la operativa privada del puerto. La declaración final reitera que la protección del ambiente constituye la prioridad máxima de la actuación provincial y el fundamento de las medidas de control requeridas.