Programa Acercándonos a la Comunidad en escuelas

El Poder Judicial de Tierra del Fuego continúa con las jornadas educativas del programa 'Acercándonos a la Comunidad', iniciativa coordinada por el área de Acceso a Justicia y la Escuela Judicial 'Angélica Barreda'. Estas actividades están dirigidas a estudiantes de distintos establecimientos provinciales y se sostienen en la articulación sistemática con el Ministerio de Educación. Los encuentros buscan ofrecer información precisa sobre marcos normativos y prácticas judiciales, al tiempo que promueven la prevención y la reflexión crítica entre los jóvenes.

El despliegue territorial incluye visitas programadas tanto en Ushuaia como en Río Grande, garantizando cobertura en establecimientos urbanos y escolares de diferente nivel. En el marco de una de estas instancias, el Juez del Tribunal de Juicio en lo Criminal, Dr. Maximiliano García Arpón, participó de una charla en el Colegio Nacional acompañado por el Fiscal Dr. Nicolás Barone y la Secretaria de la Defensoría, Dra. Romina Velazco.

El objetivo fue explicar a los estudiantes los principales cambios introducidos por el nuevo Régimen Penal Juvenil y exponer cómo el Tribunal aborda los procesos que involucran a adolescentes. La presencia de magistrados y representantes de las partes procesales permitió mostrar la multiplicidad de roles y responsabilidades que operan en cada etapa del procedimiento, con énfasis en garantías, medidas cautelares y objetivos de reinserción. Durante el encuentro, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría explicaron sus funciones específicas dentro del proceso penal juvenil. El Dr.

Nicolás Barone describió las atribuciones del Ministerio Público Fiscal en la investigación y la persecución penal, mientras que la Dra. Romina Velazco detalló la tarea de la Defensa en la protección de derechos y en la representación técnica de adolescentes. Ambos representantes ilustraron cómo interactúan con el Tribunal y con otros actores institucionales en casos que involucran a jóvenes, precisando los plazos procesales, los criterios de intervención y las medidas alternativas previstas por la normativa. La exposición incluyó ejemplos prácticos sobre etapas procesales y mecanismos de protección.

El desarrollo de la charla facilitó un espacio de intercambio en el que los estudiantes formularon preguntas y plantearon inquietudes respecto de situaciones concretas y de interés general. Las intervenciones de los jóvenes permitieron abordar dudas acerca de responsabilidades, sanciones, posibilidades de acceso a medidas restaurativas y recursos disponibles para la prevención.

Esta dinámica de preguntas y respuestas constituyó un canal directo de comunicación con el Poder Judicial, reforzando el propósito del programa de promover transparencia y comprensión pública de los procedimientos que afectan a adolescentes, así como fortalecer la educación cívica entre la comunidad escolar. Además del abordaje del Régimen Penal Juvenil, el programa incorpora contenidos vinculados con ciudadanía digital, gestión de conflictos y otras temáticas relevantes para la población estudiantil.

En el Colegio Ernesto Sábato, por ejemplo, se desarrolló una actividad específica sobre herramientas para la gestión de conflictos, a cargo de la referente de la Prosecretaría de Acceso a Justicia y Coordinación de Capacitación en Métodos Autocompositivos en Resolución de Conflictos, Silvia Vecchi. En esa instancia se presentaron recursos y técnicas orientadas a la resolución mediante el diálogo, la comunicación asertiva y la búsqueda de alternativas que favorezcan la convivencia escolar y comunitaria.

Las actividades del programa se implementan mediante un equipo interdisciplinario integrado por magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial que trabajan de manera conjunta en estas iniciativas. Las intervenciones se realizan en escuelas como Ernesto Sábato, José Martí, Colegio Nacional y Eva Duarte, de Ushuaia, y en el Juvenil Instituto Fueguino (JIF), de Río Grande, garantizando diversidad de destinatarios y adecuación de contenidos según la edad y el contexto escolar.

La coordinación institucional y los canales de comunicación con los establecimientos educativos permiten planificar talleres, charlas y espacios de diálogo destinados a informar, prevenir y fortalecer la relación entre la comunidad educativa y las instituciones judiciales.