Comisión investiga radar instalado en Tolhuin

El propósito de la Comisión es reconstruir cronológica y fácticamente los eventos vinculados a la instalación, la autorización y las comunicaciones entre niveles de gobierno, para determinar la competencia y la posible existencia de omisiones administrativas o irregularidades. Durante la audiencia, uno de los testimonios centrales fue el del exministro de Defensa Jorge Taiana, quien explicó ante la Comisión que el Ministerio de Defensa no contaba con facultades legales para ordenar el desmantelamiento de la estructura.

Taiana aportó precisiones sobre la forma en que la cartera se enteró de la instalación, señalando que la noticia llegó inicialmente a través de un mensaje público en redes sociales y que a partir de allí se activaron señales de alarma internas. Esa secuencia de eventos y la constatación de la comunicación pública son elementos que la Comisión consideró relevantes para analizar las vías institucionales seguidas y la oportunidad de las actuaciones administrativas posteriores.

La Comisión analizó también la naturaleza técnica del equipamiento instalado, que fue descrita por el exministro como de función dual, con capacidades tanto civiles como potencial uso militar. En ese marco, el Ministerio de Defensa solicitó informes especializados a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y a INVAP, cuyos dictámenes técnicos fueron incorporados como insumo en la evaluación institucional.

Esos informes sirvieron para fundamentar la petición de cancelación de la autorización previamente otorgada, y constituyen documentos que la Comisión valora para determinar si se respetaron los procedimientos administrativos y las competencias previstas por la normativa vigente. Gracianía enfatizó la importancia de las testimoniales recabadas a funcionarios nacionales y de la posibilidad de convocar a quienes tuvieron implicancia directa en las decisiones durante los años en que se produjo la instalación.

La legisladora subrayó que la Comisión busca instruir y reconstruir la participación de funcionarios nacionales y provinciales, describiendo quiénes intervinieron y en qué momento, con el fin de precisar responsabilidades. En ese sentido, la estrategia de trabajo incluye la revisión de autorizaciones administrativas, las comunicaciones formales entre jurisdicciones y el análisis de los dictámenes técnicos que motivaron las acciones posteriores a la detección del radar.

La continuidad del plan de trabajo implicó la resolución de trasladar a las y los legisladores a la Ciudad de Buenos Aires para facilitar las declaraciones de exfuncionarios nacionales que requirieron rendir testimonio en ese ámbito. Gracianía informó que las próximas citaciones previstas en el cronograma están orientadas a recabar la declaración de quien estaba al frente del Estado Mayor Conjunto, teniente general Martín Paleo, además de otros funcionarios que pueden aportar datos sobre las comunicaciones y gestiones realizadas ante la Provincia para la remoción de la estructura.

El traslado y las audiencias en la Capital se justificaron por la disponibilidad de los citados y por la necesidad de incorporar todas las versiones pertinentes al expediente de la Comisión. El encuentro contó con la participación de representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia y de legisladores provinciales y nacionales que integran la mesa de trabajo, entre ellos Pablo Villegas (MPF) como presidente, Matías Lapadula (PG) y Gisela Dos Santos (ST), además de participantes que asistieron de manera remota como Laura Colazo (PV), Federico Greve y Federico Sciurano (FORJA).

La Comisión continuará con la recepción de testimonios y con el análisis de la documentación técnica y administrativa disponible, a fin de determinar el alcance de las responsabilidades y las medidas que correspondan conforme a la legislación aplicable y los objetivos institucionales de la investigación.